Cuando la crisis que origino un terremoto casi sin parangones en nuestra historia ha finalizado y comienza una tarea de reconstrucción, cabe preguntarse como serán enfrentadas las aparentes debilidades que mostró el Estado Chileno, particularmente posibles deficiencias en su sistema de emergencia.
En las sociedades democráticas modernas, basadas en la dispersión del poder político, derecho a la crítica política y administrativa sobre los tomadores de decisiones, las crisis se convierten en un imán para cuestionamientos y revisiones institucionales. ¿Hay alguien a quien culpar? ¿Podría haber realizado una mejor gestión la agencia encargada? ¿Qué lecciones se pueden aprender? Tales cuestionamientos emanan con gran fuerza de los partidos políticos, medios de comunicación y por supuesto de las víctimas y sus familias.
De particular importancia en el proceso de evaluación post -crisis, es alguna forma oficial de investigación. Una investigación de estas características puede llevarse acabo de dos maneras. En primer lugar, hay una búsqueda de hechos: recopilación de información, entrevistas a testigos y otras medidas con el fin de construir una “cuenta publica” de lo que salió mal y las lecciones que se pueden obtener. En segundo lugar, hay una dimensión político-simbólica. Las investigaciones de este tipo tienen el potencial de colaborar con la restauración de daños a la legitimidad del Estado y sus instituciones. Esta forma de investigación puede ayudar también en el proceso de “sanación social”, proveyendo una plataforma de discusión para expertos, políticos y diversos actores.
Sobre la base de cuestionamientos que emanan de la misma sociedad, las crisis en países desarrollados parecen tener un enorme potencial para impulsar cambios. Las responsabilidades políticas y administrativas están sujetas a procesos de rendición de cuentas, sobre sistemas de respuesta permanentes. Lo fundamental entonces en estas evaluaciones es la transparencia, buscando únicamente objetivizar las debilidades institucionales y responsabilidades personales y no pequeños réditos políticos.
En las sociedades democráticas modernas, basadas en la dispersión del poder político, derecho a la crítica política y administrativa sobre los tomadores de decisiones, las crisis se convierten en un imán para cuestionamientos y revisiones institucionales. ¿Hay alguien a quien culpar? ¿Podría haber realizado una mejor gestión la agencia encargada? ¿Qué lecciones se pueden aprender? Tales cuestionamientos emanan con gran fuerza de los partidos políticos, medios de comunicación y por supuesto de las víctimas y sus familias.
De particular importancia en el proceso de evaluación post -crisis, es alguna forma oficial de investigación. Una investigación de estas características puede llevarse acabo de dos maneras. En primer lugar, hay una búsqueda de hechos: recopilación de información, entrevistas a testigos y otras medidas con el fin de construir una “cuenta publica” de lo que salió mal y las lecciones que se pueden obtener. En segundo lugar, hay una dimensión político-simbólica. Las investigaciones de este tipo tienen el potencial de colaborar con la restauración de daños a la legitimidad del Estado y sus instituciones. Esta forma de investigación puede ayudar también en el proceso de “sanación social”, proveyendo una plataforma de discusión para expertos, políticos y diversos actores.
Sobre la base de cuestionamientos que emanan de la misma sociedad, las crisis en países desarrollados parecen tener un enorme potencial para impulsar cambios. Las responsabilidades políticas y administrativas están sujetas a procesos de rendición de cuentas, sobre sistemas de respuesta permanentes. Lo fundamental entonces en estas evaluaciones es la transparencia, buscando únicamente objetivizar las debilidades institucionales y responsabilidades personales y no pequeños réditos políticos.
