Columna escrita para el diario Estrategia http://www.estrategia.cl/
La evidencia señala que las practicas de supervisión bancaria aplicadas en condiciones normales, no debieran mantenerse inalterables durante una crisis sistémica. Lo anterior, se funda en el hecho que estos ciclos negativos exceden la capacidad del mercado para recuperarse por si mismo. Además, las crisis se agravan en la interacción de las instituciones financieras, entre estas y el mercado, entre los bancos y la economía real, entre el sistema financiero y las finanzas publicas, e incluso, entre la economía y la política. En especifico, esta retroalimentación opera por diferentes canales; a través de exposiciones interbancarias, problemas de liquidez y corridas, disminución de la oferta de crédito, recesión, así como por la falta de confianza en la toma decisiones publica cuando esta no es efectiva y oportuna.
De esta forma, una doctrina supervisora tipo “gestión de crisis”- necesaria en el caso de una crisis sistémica- puede ser distinta e incluso contradecir los principios de una estrategia de “prevención” de riesgos. En periodo de crisis, la supervisión bancaria no debiese estar restringida a los confines de su propio territorio. Requiere balancear los objetivos de largo plazo de la supervisión financiera, con los objetivos de corto plazo derivados de una crisis de este tipo. Igualmente, se necesita una perspectiva integrada de medidas, que incluya políticas monetarias y fiscales, programas que estimulen la oferta de crédito frente a un escenario de contracción (dirigido especialmente a las pequeñas y medianas empresas), una red o programa social de emergencia y un plan de restructuración en caso que sea necesario. Una de las razones, a mi juicio, que explicarían un relativo menor impacto de la crisis subprime en la economía Chilena, es que la autoridad actuó con una clara mirada de gestión de crisis. Sin perjuicio de lo anterior, me parece indispensable formalizar cuanto antes un mecanismo de coordinación ante el riesgo sistémico, facilitando la implementación de políticas macro y micro prudencial por parte de los organismos públicos responsable.
