martes, 13 de mayo de 2014

Descentralización y Desarrollo Regional



Columna publicada en el diario Estrategia el 13/05/2014 en http://www.estrategia.cl/detalle_columnista.php?cod=9210

Hace un mes ya, la Presidenta de la Republica dio inicio al trabajo de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional, instancia que tendrá la importante responsabilidad de construir propuestas para la  descentralización de nuestro país. Este desafío es además doble, considerando el anhelo de participación ciudadana definido como metodología fundamental.

Como sabemos, el concepto de descentralización tiene distintas dimensiones. En este sentido, la descentralización administrativa se referiría a la transferencia de responsabilidades para planear y coordinar el uso de recursos. La descentralización económica estaría relacionada con la transferencia de factores de producción. La descentralización fiscal se referiría a la asignación de recursos a servicios públicos. Y finalmente la descentralización política se relacionaría con la transferencia de capacidades para la toma de decisiones. Pese a que estas dimensiones están estrechamente interconectadas, es evidente que nuestro país muestra dificultades en cada una de ellas.

Desde un punto de vista estrictamente económico sin embargo, para alcanzar una mayor igualdad territorial sería fundamental cerrar las brechas de productividad entre las regiones. Como lo señala una reciente publicación emitida por la CEPAL, estas brechas productivas tendrían su correlato en el territorio, es así como el lugar de residencia de una persona determinaría en buena parte su condición socioeconómica. Un indicador ilustrativo de esta realidad como lo muestra el mismo informe, sería la brecha del PIB per cápita entra la región más rica y la más pobre de un país. En el caso de Chile, la diferencia entre la región más rica al 2007 (Antofagasta) vs. la más pobre (Araucanía) sería superior a 5 veces, mientras que en los países de la OCDE no superaría las dos veces.


En este sentido, el trabajo de esta Comisión nos parece fundamental de manera de buscar caminos para cerrar las actuales brechas territoriales, propuestas que se hagan cargo de este importante ámbito de la desigualdad, como es la desigualdad territorial.

Lo estatal y el espacio público: Debate Peña vs. Mayol; Mayol vs. Couso y Joignant


Columna escrita con Francesco Penaglia y  publicada en el diario El Mostrador el 01/04/2004 en http://www.elmostrador.cl/opinion/2014/04/01/lo-estatal-y-el-espacio-publico-debate-pena-v-s-mayol-mayol-v-s-couso-y-joignant/

En los últimos días se ha formado un interesante debate en torno a lo público no estatal motivado por las eminentes reformas al sistema educacional. Sin embargo a nuestro juicio, algunas de las intervenciones han tenido más aroma a defensa corporativa, que ha reflexiones amplias sobre la educación pública. Y cómo no hacerlo, cuando existe una corta distancia entre el actor opinante y el tema en cuestión, siendo sinceros, utilizando un lenguaje contingente, a todos nos correspondería declarar conflicto de interés.

Pese a lo anterior, es nuestra motivación aportar algunas ideas a este interesante debate, con una mínima cuota de honestidad, asumiendo nuestras limitaciones al observar la realidad social, así como con la innegable tentación de fundamentar y presentar racionalmente nuestras propias preferencias valóricas y expectativas de sociedad. Esto lo hacemos por cierto sin arrogarnos algún tipo de representación institucional.

Uno de los ámbitos de discusión, se refiere a que existiría un espacio público no estatal capaz de proveer bienes públicos, lo que justificaría la existencia de establecimientos de educación privada como sujetos de políticas públicas. Lo anterior se ha argumentado por ciertos columnistas, utilizando distinciones de la teoría económica neoclásica, así como algunos conceptos de la filosofía política.

A nuestro juicio,  el concepto de “lo público” tiene raíces históricas e ideológicas definidas. Desde una perspectiva histórica y siguiendo al profesor Omar Guerrero por una parte, podríamos señalar que el vocablo público es una categoría universal que incumbe a la totalidad de un pueblo políticamente organizado. Tanto para los griegos como para los romanos entonces, lo público se entendería sólo desde el Estado. Es así como bajo este enfoque lo público no sería una sola reunión de hombres organizados de cualquier manera, sino la sociedad formada con garante de las leyes y con el objeto de la utilidad común. Esta mirada a si mismo, desecharía la posibilidad de una concepción de espacio público más amplio, una suerte de pluralidad de la esfera pública, donde los intereses del pueblo pudieran ser materializados por actores que se sitúen entre el Estado y la sociedad.
Para Habermas y la propia Arendt sin embargo, lo público no sería exclusivamente lo común o lo Estatal, sino que estaría definido por la interacción discursiva en torno a intereses generalizables. En ese sentido, el concepto de espacio público reconoce que lo público en el Estado es un proceso en construcción a cargo de la sociedad, existiendo entonces un área permanente de tensión entre el Estado y la sociedad.  Las organizaciones y asociaciones que intentan la recomposición de lo público como ideal normativo, actuarían como caja de resonancia de los problemas que afectan al conjunto de la sociedad, a través de la crítica, el debate y la persuasión. Por otra parte lo público no estatal y sus organizaciones, ejercerían un rol de control social sobre el Estado respecto a sus decisiones, medios e intereses, así como en la provisión de derechos básicos no entregados por lo público estatal.

El paradigma económico neoclásico de Samuelson, utilizado también por uno de los incumbentes en este debate, establece dos condiciones en la definición de bienes públicos; bienes que no son rivales (consumidos sin afectar el consumo de ese mismo bien a otros individuos) y bienes que son no son exclusivos (el beneficio no puede ser atribuido a un comprador individual). Según este argumento, todas las Universidades independientemente de si son estatales o privadas, producirían bienes públicos. Bajo esta mirada, ya sea a través de la interacción del mercado o la distribución libre, la educación sería siempre un bien público capaz de crear externalidades, donde la formación superior de una persona impactaría directamente en la productividad de los otros miembros de la sociedad.

Lo anterior no da cuenta sin embargo de lo que observamos en la realidad, en cuanto a que algunas Universidades tanto donde el Estado es el dueño, como Universidades particulares, producen también bienes privados, persiguiendo la rentabilidad como objetivo primordial en su diseño, funcionamiento y oferta académica.  De esta forma, dichas Universidades que podríamos categorizar como de élite, ofrecerían como modelo educativo sólo la oportunidad de mejorar los ingresos futuros de sus estudiantes, así como entregar un estatus y prestigio social a sus egresados. A esto habría que agregar que muchos de los planteles tanto estatales como públicos no estatales desarrollan programas en base a principios económicos debido a la obligatoriedad del autofinanciamiento.

Compartimos si, la noción de que lo público se encuentra colonizado por el subsistema económico. Pero no nos engañemos, el Estado no es una entidad neutra que promueve necesariamente el bien común, sino un espacio en disputa que cristaliza la hegemonía del poder dominante, es decir, esta colonizado igualmente por el subsistema económico (y podríamos agregar racial, étnico, de género, entre otros). En este contexto, restar capacidades autonómicas a la sociedad civil, monopolizando en el Estado lo público, implica limitar las herramientas para disputar el consenso y el sentido común. Gran parte de las luchas sociales establecieron como espacios de acción la creación de universidades de trabajadores, cooperativas, de mutuales y de diversas organizaciones del tercer sector (público no estatal), como mecanismo de incidencia y disputa del orden dominante. De este modo, como señala Silvio Rodríguez, “el problema no es darle una hacha al dolor y hacer leña con todo y la palma”.

Ahora, también es necesario quitarse las anteojeras de ingenuidad respecto a lo público no estatal en torno a dos elementos:

1-Bajo qué criterios es posible definir que una universidad que no es del Estado sea verdaderamente pública. Ciertamente temas como la inexistencia de lucro, su contribución a la generación de conocimiento, libertad de catedra y pluralismo son esenciales. Pero el tema no se agota únicamente en cuatro enunciados y debiese ser parte del conjunto de la sociedad y los actores involucrados delimitar el concepto.

2-Gran parte del rechazo a lo público no estatal se debe a que las asimetrías de poder al interior de la sociedad genera que ciertos grupos políticos, sociales y  culturales posean mayores posibilidades para construir proyectos educativos. En estricto rigor, planteles asociados a grupos económicos definidos poseen mayores capacidades para crear universidades que otro tipo de organizaciones. Esto generaría una desigualdad de origen en el acceso al financiamiento de proyectos educativos, y por lo tanto, garantizaría que ciertos grupos se vieran sobre representados en lo público.

Sin embargo creemos que la solución a esta asimetría no pasa por el monopolio de lo estatal. Lo ideal en una sociedad democrática que supera la racionalidad de la “libre competencia” y del Estado homogenizador y civilizatorio, es la distribución del poder entre los distintos grupos políticos, religiosos, étnicos y clases. Todos los actores de la sociedad tienen derecho a constituir proyectos y verse representados en lo público influyendo desde sus convicciones en el debate y la formación profesional. Por lo tanto el desafío es bajo qué criterios de justicia distributiva se podrían asignar recursos para generar equidad.

También sobre el tema del financiamiento, gran parte de los movimientos populares transformadores establecieron organizaciones bajo el principio de autogestión, dado el riesgo de cooptación del poder del Estado. En este plano, es importante atender que el financiamiento no se transforme en un mecanismo de control restringiendo la autonomía de los planteles universitarios.

No hay que perderse en el debate, aun cuando en las universidades estatales debe regularse temas como el corporativismo académico, las actividades económico comerciales que generan algunos (lucro encubierto) así como ampliar los mecanismos de participación; estas universidades deben ser financiadas totalmente en su oferta, entregando los recursos necesarios para investigación, docencia y extensión. Sin embargo, es necesario no olvidar, mejorar, fomentar y democratizar el espacio público no estatal, donde existirían Universidades que serían capaces genuinamente de proveer bienes públicos.

Uso de bicicletas y política pública, una nueva oportunidad.


Columna publicada en el diario Estrategia el 03/04/ 2014 bajo el titulo, "Política Publica" en http://www.estrategia.cl/detalle_columnista.php?cod=9210

Existen buenas razones por las cuales el Estado debiese promover el uso de la bicicleta. Como sabemos, la bicicleta no emite contaminación de ningún tipo y consume mucho menos recursos no-renovables que cualquier otro medio de transporte. La única energía que requiere es entregada directamente por el pasajero, con el consiguiente beneficio en términos de salud pública. Más aún, la bicicleta como medio de trasporte urbano es económicamente eficiente, siendo su costo mucho menor que el transporte motorizado, tanto en cuanto a costos directos al usuario, como en relación a costos de infraestructura vial.

En los países del norte de Europa, particularmente en Holanda, se utiliza en forma intensiva, concentrando este medio de transporte alrededor del 28% de los viajes. Para un inmigrante del tercer mundo que recala en el pequeño y densamente poblado suelo holandés, una de las cosas que más impacta es esta sana y eficiente forma de transportarse.

Reconociendo que pudieran existir elementos en la historia, cultura y topografía Holandesa que explicarían este fenómeno, las políticas públicas y en particular la infraestructura y medidas de seguridad hacia los ciclistas, colaborarían con el objetivo de incentivar su uso en la población. La evidencia indica que el número de muertes debido a accidentes en bicicleta, calculado por 100 millones de kilómetros recorridos fue de 5.8% en Estados Unidos para el año 2005, comparado con un 1.1% en Holanda.

Celebramos entonces la intención del Gobierno en cuanto a impulsar el proyecto de un “Mapocho Paladeable”, plan que permitiría avanzar en el desarrollo de una infraestructura segura e interconectada. Aspiramos sin embargo a que se pueda discutir en forma integral su uso seguro como instrumento efectivo para la descontaminación y sustentabilidad de nuestra capital, lo que requiere más que obras y planes específicos, revisar las bases de la política de transporte urbano, el uso de suelo, ley de tránsito , políticas tributarias, entre otras.