martes, 11 de noviembre de 2014

El caso Penta y la ventana de oportunidad


Columna publicada en el Diario Estrategia el 22 de octubre de 2014 en http://www.estrategia.cl/detalle_columnista.php?cod=9748


El financiamiento de la política en nuestro país y particularmente el de las campañas políticas, ha logrado reposicionarse repentinamente en la agenda pública a partir de un escándalo de proporciones. Es así como nos hemos enterado de  supuestas irregularidades del Grupo Penta, conglomerado que habría infringido el Código Tributario entregando donaciones irregulares a candidatos pertenecientes principalmente a la UDI.

La situación descrita, nos ha retrotraído a las reformas llevadas a cabo el año 2003, donde a partir de una crisis institucional de gran magnitud,  se avanzó quizás más que nunca antes en nuestra historia democrática no solo en reformas políticas, sino también en importantes iniciativas de modernización del Estado. Es así como los escándalos conocidos como caso coimas, MOP-Gate y Corfo-Inverlink, abrieron “una ventana de oportunidad” en la agenda pública, permitiendo un dialogo fructífero entre Gobierno y oposición. De esta manera, además de acordar las perfectibles y cuestionadas reglas del juego del financiamiento a la política que actualmente nos rigen, esta instancia dio pie para dar un nuevo paso hacia la construcción de un Estado moderno, diseñando un sistema de selección de los altos directivos públicos basada en criterios de idoneidad y mérito de los postulantes.


Hay quienes hoy en nuestra clase política, se muestran reticentes ante la posibilidad de generar acuerdos transversales que permitan no solo dar respuestas a las demandas ciudadanas por mayor transparencia de la política, sino también, avanzar en los desafíos pendientes en materia de modernización del aparato público, intentando que de una vez por todas, el Estado deje de ser el botín del sector político de turno. Cuestiones relacionadas con el fortalecimiento institucional del sistema de la Alta Dirección Pública y la extensión de la concursabilidad de los cargos del Estado, el desarrollo de un sistema de evaluación de políticas públicas independiente, efectivo y verificable, entre otras materias, debiesen creemos estar en la órbita de un acuerdo de modernización del Estado 2.0. 

La banalidad del mal” y los procesos de formación en las Fuerzas Armadas y de Orden.


Columna publicada en el diario El Mostrador el 14 de Octubre de 2014 en http://www.elmostrador.cl/opinion/2014/10/14/la-banalidad-del-mal-y-los-procesos-de-formacion-en-las-fuerzas-armadas-y-de-orden/


La gran filosofa política Hannah Arendt en su célebre libro “Eichmann en Jerusalén: Un estudio sobre la banalidad del mal”, reflexiona sobre el juicio contra Adolf Eichmann, coronel nazi responsable de los genocidios en Polonia durante la segunda guerra mundial. En su obsesión por entender los orígenes de los procesos totalitarios, particularmente en la relativización y destrucción de estándares éticos básicos, Arendt identifica las características irreflexivas y banales de Eichman, quien alegaba no tener ninguna responsabilidad en los hechos acontecidos, ya que decía haber estado simplemente  “haciendo su trabajo”.

Es indiscutible que en nuestro país hemos avanzado en “normalizar” las relaciones cívico-militares, lo que se traduce en términos generales, en la subordinación de las uniformados al poder civil y constitucional, además de la adhesión de dichas instituciones a los valores democráticos, comprendiendo a su vez su rol especifico en una sociedad cada vez más demandante y diversa. Lo anterior debiese haber permitido entre otras cosas, reconstruir acuerdos fundamentales  de nuestro funcionamiento democrático, la adaptación de dichas instituciones a un nuevo contexto y la construcción de un relato medianamente compartido sobre nuestra historia. Pese a todo, es evidente el perfil intrínsecamente conservador de las instituciones uniformadas en Chile, las cuales tienden a diseñar estrategias, estructuras y discursos que perduren en el tiempo, lo que dificulta a su vez la posibilidad de adaptarse a un entorno social más complejo, así como contribuir a la sostenibilidad de la democracia.

En una reciente columna publicada por este mismo medio, los Diputados Vallejos y Gutierrez proponían una modificación legal que consagrara la gratuidad  y no discriminación en el ingreso a los planteles educacionales de la Fuerzas Armadas y de Orden, como medida que condujera a fortalecer la- construcción de instituciones castrenses más diversas, tolerantes y democráticas, que pudieran representar no solo a un segmento especifico de la sociedad. Si revisamos cuidadosamente los libros de historia sin embargo, observamos que esta realidad no fue siempre así. Las escuelas matrices solían ser espacios de ascenso social que estructuras elitistas.

Más allá de la pertinencia de la propuesta de los honorables, en cuanto a replicar principios de gratuidad y libre acceso en las escuelas de formación de los oficiales uniformados, lo fundamental a mi juicio para la consolidación y mantención de los valores democráticos en las instituciones armadas, tiene que ver con los proceso de formación de sus miembros. En este sentido, no basta con avanzar hacia su profesionalización, conocedores de las mejores prácticas de seguridad interior y defensa nacional, sino que indagar también en su formación valórica y doctrinaria. Si bien esto no se agota con la sola inclusión de preceptos democráticos en el currículo, observamos como en la actual institucionalidad, son las propias fuerzas armadas y de orden quienes definen los lineamientos de su formación, no existiendo un rol decisivo desde el punto de vista de los contenidos y procesos formativos por parte de las agencias civiles especializadas. Así mismo, reportado en algunos estudios específicos (Fuentes y Zuñiga), los profesores de estos centros de formación, tienden a ser uniformados activos y en retiro, quienes se sitúan como sujetos socializantes de dichos planteles, guardianes doctrinarios de una cierta visión del mundo e interpretación particular de la historia.



Reconocemos los avances en cuanto a la integración de las instituciones uniformadas a la comunidad, habiendo realizado esfuerzos en fortalecer el discurso- al menos público- de instituciones obedientes y no deliberantes. Pero no intentemos tapar el sol con un dedo, quienes hemos compartido con uniformados activos y en retiro, quienes han participado de conversaciones informales tanto con jóvenes militares y carabineros, así como con viejos ex oficiales jefes, saben que el discurso, la posición salvo honrosas y destacables excepciones, tiende lamentablemente a ser una sola: el de defensa acérrima de la dictadura, el de la justificación de los atropellos de los derechos humanos, el de la satanización del Gobierno de la Unidad Popular y defensa del golpe de estado, el de la admiración al dictador a su régimen y la añoranza de un periodo oscuro donde se detentó el poder sin límites, el de los estereotipos banales e irreflexivos. En este sentido, sin perjuicio de los progresos, mis observaciones desestructuradas y personales, me hablan más bien que los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos como aspectos incuestionables, no han calado suficientemente hondo en la cultura de la “familia militar”, persistiendo y reproduciéndose de manera generalizada en sus discurso y convicciones más íntimos, la  “relativización del mal” como diría Hannah Arendten. Los riesgos a mi juicio de mantener una sospecha subcutánea a la democracia y justificación de los horrores del pasado como elemento aglutinador de su cultura, son altos. Sin duda contamos en nuestro país con uniformados cada vez más profesionales, con una fuerte vocación de servicio público, dispuestos a arriesgar sus vidas por su patria, preceptos éticos admirables y esenciales para su funcionamiento. Quisiera pensar a sí mismo, que en su formación doctrinal, se incorporaran más decididamente,  valores asociados al respeto a la diversidad y democracia a todo evento, así como la condena a los hechos del pasado sin matices ni justificaciones.