El caso Penta y la ventana de oportunidad

Columna publicada en el Diario Estrategia el 22 de octubre de 2014 en http://www.estrategia.cl/detalle_columnista.php?cod=9748

El financiamiento de la política en nuestro país y particularmente el de las campañas políticas, ha logrado reposicionarse repentinamente en la agenda pública a partir de un escándalo de proporciones. Es así como nos hemos enterado de  supuestas irregularidades del Grupo Penta, conglomerado que habría infringido el Código Tributario entregando donaciones irregulares a candidatos pertenecientes principalmente a la UDI.

La situación descrita, nos ha retrotraído a las reformas llevadas a cabo el año 2003, donde a partir de una crisis institucional de gran magnitud,  se avanzó quizás más que nunca antes en nuestra historia democrática no solo en reformas políticas, sino también en importantes iniciativas de modernización del Estado. Es así como los escándalos conocidos como caso coimas, MOP-Gate y Corfo-Inverlink, abrieron “una ventana de oportunidad” en la agenda pública, permitiendo un dialogo fructífero entre Gobierno y oposición. De esta manera, además de acordar las perfectibles y cuestionadas reglas del juego del financiamiento a la política que actualmente nos rigen, esta instancia dio pie para dar un nuevo paso hacia la construcción de un Estado moderno, diseñando un sistema de selección de los altos directivos públicos basada en criterios de idoneidad y mérito de los postulantes.

Hay quienes hoy en nuestra clase política, se muestran reticentes ante la posibilidad de generar acuerdos transversales que permitan no solo dar respuestas a las demandas ciudadanas por mayor transparencia de la política, sino también, avanzar en los desafíos pendientes en materia de modernización del aparato público, intentando que de una vez por todas, el Estado deje de ser el botín del sector político de turno. Cuestiones relacionadas con el fortalecimiento institucional del sistema de la Alta Dirección Pública y la extensión de la concursabilidad de los cargos del Estado, el desarrollo de un sistema de evaluación de políticas públicas independiente, efectivo y verificable, entre otras materias, debiesen creemos estar en la órbita de un acuerdo de modernización del Estado 2.0. 

La banalidad del mal” y los procesos de formación en las Fuerzas Armadas y de Orden.

Columna publicada en el diario El Mostrador el 14 de Octubre de 2014 en http://www.elmostrador.cl/opinion/2014/10/14/la-banalidad-del-mal-y-los-procesos-de-formacion-en-las-fuerzas-armadas-y-de-orden/

La gran filosofa política Hannah Arendt en su célebre libro “Eichmann en Jerusalén: Un estudio sobre la banalidad del mal”, reflexiona sobre el juicio contra Adolf Eichmann, coronel nazi responsable de los genocidios en Polonia durante la segunda guerra mundial. En su obsesión por entender los orígenes de los procesos totalitarios, particularmente en la relativización y destrucción de estándares éticos básicos, Arendt identifica las características irreflexivas y banales de Eichman, quien alegaba no tener ninguna responsabilidad en los hechos acontecidos, ya que decía haber estado simplemente  “haciendo su trabajo”.

Es indiscutible que en nuestro país hemos avanzado en “normalizar” las relaciones cívico-militares, lo que se traduce en términos generales, en la subordinación de las uniformados al poder civil y constitucional, además de la adhesión de dichas instituciones a los valores democráticos, comprendiendo a su vez su rol especifico en una sociedad cada vez más demandante y diversa. Lo anterior debiese haber permitido entre otras cosas, reconstruir acuerdos fundamentales  de nuestro funcionamiento democrático, la adaptación de dichas instituciones a un nuevo contexto y la construcción de un relato medianamente compartido sobre nuestra historia. Pese a todo, es evidente el perfil intrínsecamente conservador de las instituciones uniformadas en Chile, las cuales tienden a diseñar estrategias, estructuras y discursos que perduren en el tiempo, lo que dificulta a su vez la posibilidad de adaptarse a un entorno social más complejo, así como contribuir a la sostenibilidad de la democracia.

En una reciente columna publicada por este mismo medio, los Diputados Vallejos y Gutierrez proponían una modificación legal que consagrara la gratuidad  y no discriminación en el ingreso a los planteles educacionales de la Fuerzas Armadas y de Orden, como medida que condujera a fortalecer la- construcción de instituciones castrenses más diversas, tolerantes y democráticas, que pudieran representar no solo a un segmento especifico de la sociedad. Si revisamos cuidadosamente los libros de historia sin embargo, observamos que esta realidad no fue siempre así. Las escuelas matrices solían ser espacios de ascenso social que estructuras elitistas.

Más allá de la pertinencia de la propuesta de los honorables, en cuanto a replicar principios de gratuidad y libre acceso en las escuelas de formación de los oficiales uniformados, lo fundamental a mi juicio para la consolidación y mantención de los valores democráticos en las instituciones armadas, tiene que ver con los proceso de formación de sus miembros. En este sentido, no basta con avanzar hacia su profesionalización, conocedores de las mejores prácticas de seguridad interior y defensa nacional, sino que indagar también en su formación valórica y doctrinaria. Si bien esto no se agota con la sola inclusión de preceptos democráticos en el currículo, observamos como en la actual institucionalidad, son las propias fuerzas armadas y de orden quienes definen los lineamientos de su formación, no existiendo un rol decisivo desde el punto de vista de los contenidos y procesos formativos por parte de las agencias civiles especializadas. Así mismo, reportado en algunos estudios específicos (Fuentes y Zuñiga), los profesores de estos centros de formación, tienden a ser uniformados activos y en retiro, quienes se sitúan como sujetos socializantes de dichos planteles, guardianes doctrinarios de una cierta visión del mundo e interpretación particular de la historia.

Reconocemos los avances en cuanto a la integración de las instituciones uniformadas a la comunidad, habiendo realizado esfuerzos en fortalecer el discurso- al menos público- de instituciones obedientes y no deliberantes. Pero no intentemos tapar el sol con un dedo, quienes hemos compartido con uniformados activos y en retiro, quienes han participado de conversaciones informales tanto con jóvenes militares y carabineros, así como con viejos ex oficiales jefes, saben que el discurso, la posición salvo honrosas y destacables excepciones, tiende lamentablemente a ser una sola: el de defensa acérrima de la dictadura, el de la justificación de los atropellos de los derechos humanos, el de la satanización del Gobierno de la Unidad Popular y defensa del golpe de estado, el de la admiración al dictador a su régimen y la añoranza de un periodo oscuro donde se detentó el poder sin límites, el de los estereotipos banales e irreflexivos. En este sentido, sin perjuicio de los progresos, mis observaciones desestructuradas y personales, me hablan más bien que los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos como aspectos incuestionables, no han calado suficientemente hondo en la cultura de la “familia militar”, persistiendo y reproduciéndose de manera generalizada en sus discurso y convicciones más íntimos, la  “relativización del mal” como diría Hannah Arendten. Los riesgos a mi juicio de mantener una sospecha subcutánea a la democracia y justificación de los horrores del pasado como elemento aglutinador de su cultura, son altos. Sin duda contamos en nuestro país con uniformados cada vez más profesionales, con una fuerte vocación de servicio público, dispuestos a arriesgar sus vidas por su patria, preceptos éticos admirables y esenciales para su funcionamiento. Quisiera pensar a sí mismo, que en su formación doctrinal, se incorporaran más decididamente,  valores asociados al respeto a la diversidad y democracia a todo evento, así como la condena a los hechos del pasado sin matices ni justificaciones.

Sociedad en Riesgo y la reunión del Ministro Arenas

Columna publicada en diario electrónico El Mostrador el 03 de Septiembre de 2014 http://www.elmostrador.cl/opinion/2014/09/03/sociedad-en-riesgo-y-la-reunion-del-ministro-arenas/

Han pasado ya más de dos décadas desde que el sociólogo Alemán Ulrich Beck escribiera su célebre libro “Sociedad en Riesgo”, proponiendo la existencia de una mayor exposición al riesgo por parte de una sociedad moderna, como  consecuencia de la globalización de la economía, revolución tecnológica, cambio climático y desastres naturales por nombrar algunos.

De esta menara, si bien siempre supimos el progreso traía una serie de efectos negativos, los efectos colaterales de la tecnología solían ser más tangibles y notorios de lo que son hoy (el peligro de meter los dedos al enchufe vs. los potenciales riesgos de consumir alimentos transgénicos). Es así como en muchos casos, considerando que estos nuevos riesgos son el resultado de un complejo proceso de efectos en cadena, sus causas e impactos no pueden ser determinados con la suficiente precisión.

En este escenario de gran incertidumbre, los gobiernos intentan con mucha dificultad, entregar señales de seguridad frente a posibles eventos que pudiesen impactar a la comunidad, proclamando haber cumplido con todas las políticas disponibles para hacerles frente. Esta obligación de contribuir a generar mayor certidumbre, tiene que ver  a su vez, con un ambiente de permanente ansiedad, martirizados con la ocurrencia de hechos que identificamos como riesgosos-cuando en muchos casos- si aplicáramos cierta racionalidad - no serían más que eventos bastante poco probables. Riesgos altamente conocidos que enfrentamos todos los días, relacionados con conductas peligrosas al conducir o altas y mortales dosis de tabaco y alcohol, nos preocupan menos que las decisiones sobre viajar al extranjero o la posibilidad de ser víctima de un acto de terrorismo en el metro. De esta manera, las limitaciones del ser humano, referidas a su capacidad de procesar información, confiado mucho más en la intuición que en el cálculo de probabilidades, sumado a dinámicas sociales que amplifican la incertidumbre, nos sitúa en una sociedad en permanente riesgo.

En este contexto, la pregunta central tiene que ver con quienes y como se decide finalmente que cuenta como riesgo y que no, cuáles son sus causas y cuáles son sus posibles costos. Esto nos lleva a reflexionar a su vez sobre quién es responsable por los posibles daños al materializarse un riesgo y que actores se benefician de este proceso. Las autoridades gubernamentales declaran responsabilidad sobre la regulación general, señalando que la ocurrencia de ciertos hechos- como puede ser una desaceleración económica- excede sus competencias, apuntando el dedo entonces a los efectos perversos de los ciclos económicos internacionales. Los agentes empresariales por otra parte, dicen que ellos solo responden a la demanda de consumo y señales del mercado, tomando decisiones frente a la (in) estabilidad del entorno, no responsabilizándose por los efectos que esas decisiones generen en el desempeño general de la economía. La sociedad en riesgo se trasforma así, en un laboratorio en el cual nadie se hace cargo de los de los efectos del experimento.

Pero lo que la Ciencia ha descubierto recientemente, la política y el “mercado” han entendido siempre; el miedo es un gran movilizador de voluntades. Provistos de medias verdades, empresarios y políticos inescrupulosos, son capaces de manipular los juicios de otros de acuerdo a sus intereses. El riesgo en este sentido, no se reduce a una cuestión objetiva donde es posible calcular la probabilidad de ocurrencia multiplicada por la intensidad del potencial daño, sino más bien a un fenómeno socialmente construido. De esta manera, el riego y su determinación, sería un nuevo elemento de inequidad de la sociedad moderna, donde su definición permite que actores poderosos minimicen los riesgos para sí y maximicen los riesgos para otros. La “manufacturación” del riesgo entonces, se constituye como un juego de poder, en que son unos pocos quienes definen y construyen el riesgo para el resto de la sociedad. La distinción entre riesgos “reales” y riesgos “ficticios” producto de la histeria colectiva o sobrerreacción de algún conocido empresario o político ya no es tal. Cuando el riesgo es percibido por la sociedad, puede causar enormes pérdidas, pero también beneficios. Quienes conocen este juego, lo juegan sin reservas.

Son entendibles entonces los esfuerzos de nuestra autoridad económica, en cuanto a entregar señales de certidumbre y tranquilidad a los Gremios Empresariales, aun cuando fueron estos mismos actores privados, en una lógica de profecía auto cumplida, quienes pronosticaban efectos nefastos para el desempeño económico a partir las reformas que pretendía llevar a cabo el Gobierno. Pareciera ser parte, de las reglas del juego de la sociedad en riesgo.

Brasil vs. Chile, el otro partido.

Columna publicada en el diario Estrategia el 08 de Julio de 2014 http://www.estrategia.cl/detalle_columnista.php?cod=9432

Si bien a diferencia del futbol, nuestro país ha liderado los ranking de Ciencia Tecnología en la región, las brechas se han ido acortando con el país de la samba, mostrando ellos mucha más convicción política en los últimos años. Lo anterior se refleja en el retroceso de siete puestos de nuestro país en el Índice Mundial de Innovación 2013, ranking donde bajamos del lugar 39 al 46.

Sabemos que para alcanzar el anhelado desarrollo en un plazo cercano, nuestra economía requiere ser más productiva, aumentando su oferta de productos y servicios de alto valor. Para lograr aquello se necesita- entre otras cosas- contar con una masa crítica de recursos humanos capacitados, de empresas y universidades que articulen ciencia y tecnología con productividad, así como de inversión tanto pública como privada sistemática y constante en ciencia y tecnología.

Es así como Brasil se ha transformado en el “equipo revelación” del mundial de la innovación, liderando los rankings de Universidades en Latinoamérica. La cantidad de doctores e investigadores son también más numerosos en ese país, producto de la fuerte apuesta en becas al extranjero y atracción de cerebros. Por otra parte, Brasil se ha trasformado en el país más avanzado en Nanotecnologia del hemisferio sur. Así mismo, alrededor del 40% de las patentes en Latinoamérica se debe a inversiones realizadas en Brasil.

Si observamos nuestro gasto en Innovación, este corresponde a menos de medio punto del PIB vs. un 1,2% en el caso Brasilero. La institucionalidad para la Ciencia y tecnología pareciera ser también relevante, existiendo en la mayoría de los países de la OCDE y también en Brasil, un Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Aunque este ¨partido” por convertirse en un referente en Ciencia no desate grandes pasiones o desdichas, es sin lugar a dudas trascendental para el futuro de nuestros países. Los avances de Brasil en el último tiempo, comprado con ciertos retrocesos y estancamiento por nuestra parte, nos debiesen motivar a reimpulsar una política de Ciencia y Tecnología ofensiva, al más puro estilo Sampaoli.

Selección escolar, productividad y equidad

Columna publicada en el diario Estrategia el 10/06/2014 en http://www.estrategia.cl/detalle_columnista.php?cod=9322

Por estos días, los liceos denominados “emblemáticos”, han reaccionado decididamente ante los anuncios del Ministro de Educación sobre a terminar definitivamente con la selección. Esta respuesta del movimiento estudiantil secundario ha estado liderada por el Instituto Nacional, establecimiento creado en los albores de la república por nuestra aristocracia ilustrada, en razón de su contribución al país como “semillero” de una parte de nuestra elite cultural, política e intelectual.

La hegemónica teoría económica neoclásica, nos podría dar algunas luces sobre los fundamentos de la selección en la educación. Esto, en razón del supuesto aporte a la productividad nacional de los individuos más talentosos, entendiendo como único criterio, la eficiencia económica en la asignación de recursos públicos. Bajo este enfoque, los estudiantes capacitados no solo lograrían un grado más alto de productividad, sino que se beneficiaran a partir de ingresos futuros superiores, por lo que existirían razones suficientes para mantener la selección como instrumento que identifica la capacidad de los individuos y su aporte a la productividad.

El invertir en grupos homogéneos de alumnos mejor dotados- ya sea por sus características innatas u origen social- podría ser entonces, eficiente en términos de su aporte a la productividad económica y social del país. Sin embargo, esto parece injusto en razón de la posición ventajosa (cognitiva y/o social) de dichos alumnos versus grupos más vulnerables, aspecto en el cual el Estado debiese actuar compensando sus desventajas iniciales.

A menos que el Estado esté dispuesto a suprimir todos los establecimientos privados -lo que me parece no está en la órbita de opciones- y no abordemos el grado total de desigualdad de nuestra sociedad, la inequidad en el sistema de educación pública tenderá a replicarse. Con todo, es necesario sopesar los efectos de la incorporación de mayores niveles de igualdad en el sistema educativo público y su impacto en la generación de incentivos para que los padres (que pueden pagar) acudan a colegios privados. 

Descentralización y Desarrollo Regional

Columna publicada en el diario Estrategia el 13/05/2014 en http://www.estrategia.cl/detalle_columnista.php?cod=9210

Hace un mes ya, la Presidenta de la Republica dio inicio al trabajo de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional, instancia que tendrá la importante responsabilidad de construir propuestas para la  descentralización de nuestro país. Este desafío es además doble, considerando el anhelo de participación ciudadana definido como metodología fundamental.

Como sabemos, el concepto de descentralización tiene distintas dimensiones. En este sentido, la descentralización administrativa se referiría a la transferencia de responsabilidades para planear y coordinar el uso de recursos. La descentralización económica estaría relacionada con la transferencia de factores de producción. La descentralización fiscal se referiría a la asignación de recursos a servicios públicos. Y finalmente la descentralización política se relacionaría con la transferencia de capacidades para la toma de decisiones. Pese a que estas dimensiones están estrechamente interconectadas, es evidente que nuestro país muestra dificultades en cada una de ellas.

Desde un punto de vista estrictamente económico sin embargo, para alcanzar una mayor igualdad territorial sería fundamental cerrar las brechas de productividad entre las regiones. Como lo señala una reciente publicación emitida por la CEPAL, estas brechas productivas tendrían su correlato en el territorio, es así como el lugar de residencia de una persona determinaría en buena parte su condición socioeconómica. Un indicador ilustrativo de esta realidad como lo muestra el mismo informe, sería la brecha del PIB per cápita entra la región más rica y la más pobre de un país. En el caso de Chile, la diferencia entre la región más rica al 2007 (Antofagasta) vs. la más pobre (Araucanía) sería superior a 5 veces, mientras que en los países de la OCDE no superaría las dos veces.

En este sentido, el trabajo de esta Comisión nos parece fundamental de manera de buscar caminos para cerrar las actuales brechas territoriales, propuestas que se hagan cargo de este importante ámbito de la desigualdad, como es la desigualdad territorial.

Lo estatal y el espacio público: Debate Peña vs. Mayol; Mayol vs. Couso y Joignant

Columna escrita con Francesco Penaglia y  publicada en el diario El Mostrador el 01/04/2004 en http://www.elmostrador.cl/opinion/2014/04/01/lo-estatal-y-el-espacio-publico-debate-pena-v-s-mayol-mayol-v-s-couso-y-joignant/

En los últimos días se ha formado un interesante debate en torno a lo público no estatal motivado por las eminentes reformas al sistema educacional. Sin embargo a nuestro juicio, algunas de las intervenciones han tenido más aroma a defensa corporativa, que ha reflexiones amplias sobre la educación pública. Y cómo no hacerlo, cuando existe una corta distancia entre el actor opinante y el tema en cuestión, siendo sinceros, utilizando un lenguaje contingente, a todos nos correspondería declarar conflicto de interés.

Pese a lo anterior, es nuestra motivación aportar algunas ideas a este interesante debate, con una mínima cuota de honestidad, asumiendo nuestras limitaciones al observar la realidad social, así como con la innegable tentación de fundamentar y presentar racionalmente nuestras propias preferencias valóricas y expectativas de sociedad. Esto lo hacemos por cierto sin arrogarnos algún tipo de representación institucional.

Uno de los ámbitos de discusión, se refiere a que existiría un espacio público no estatal capaz de proveer bienes públicos, lo que justificaría la existencia de establecimientos de educación privada como sujetos de políticas públicas. Lo anterior se ha argumentado por ciertos columnistas, utilizando distinciones de la teoría económica neoclásica, así como algunos conceptos de la filosofía política.

A nuestro juicio,  el concepto de “lo público” tiene raíces históricas e ideológicas definidas. Desde una perspectiva histórica y siguiendo al profesor Omar Guerrero por una parte, podríamos señalar que el vocablo público es una categoría universal que incumbe a la totalidad de un pueblo políticamente organizado. Tanto para los griegos como para los romanos entonces, lo público se entendería sólo desde el Estado. Es así como bajo este enfoque lo público no sería una sola reunión de hombres organizados de cualquier manera, sino la sociedad formada con garante de las leyes y con el objeto de la utilidad común. Esta mirada a si mismo, desecharía la posibilidad de una concepción de espacio público más amplio, una suerte de pluralidad de la esfera pública, donde los intereses del pueblo pudieran ser materializados por actores que se sitúen entre el Estado y la sociedad.

Para Habermas y la propia Arendt sin embargo, lo público no sería exclusivamente lo común o lo Estatal, sino que estaría definido por la interacción discursiva en torno a intereses generalizables. En ese sentido, el concepto de espacio público reconoce que lo público en el Estado es un proceso en construcción a cargo de la sociedad, existiendo entonces un área permanente de tensión entre el Estado y la sociedad.  Las organizaciones y asociaciones que intentan la recomposición de lo público como ideal normativo, actuarían como caja de resonancia de los problemas que afectan al conjunto de la sociedad, a través de la crítica, el debate y la persuasión. Por otra parte lo público no estatal y sus organizaciones, ejercerían un rol de control social sobre el Estado respecto a sus decisiones, medios e intereses, así como en la provisión de derechos básicos no entregados por lo público estatal.

El paradigma económico neoclásico de Samuelson, utilizado también por uno de los incumbentes en este debate, establece dos condiciones en la definición de bienes públicos; bienes que no son rivales (consumidos sin afectar el consumo de ese mismo bien a otros individuos) y bienes que son no son exclusivos (el beneficio no puede ser atribuido a un comprador individual). Según este argumento, todas las Universidades independientemente de si son estatales o privadas, producirían bienes públicos. Bajo esta mirada, ya sea a través de la interacción del mercado o la distribución libre, la educación sería siempre un bien público capaz de crear externalidades, donde la formación superior de una persona impactaría directamente en la productividad de los otros miembros de la sociedad.

Lo anterior no da cuenta sin embargo de lo que observamos en la realidad, en cuanto a que algunas Universidades tanto donde el Estado es el dueño, como Universidades particulares, producen también bienes privados, persiguiendo la rentabilidad como objetivo primordial en su diseño, funcionamiento y oferta académica.  De esta forma, dichas Universidades que podríamos categorizar como de élite, ofrecerían como modelo educativo sólo la oportunidad de mejorar los ingresos futuros de sus estudiantes, así como entregar un estatus y prestigio social a sus egresados. A esto habría que agregar que muchos de los planteles tanto estatales como públicos no estatales desarrollan programas en base a principios económicos debido a la obligatoriedad del autofinanciamiento.

Compartimos si, la noción de que lo público se encuentra colonizado por el subsistema económico. Pero no nos engañemos, el Estado no es una entidad neutra que promueve necesariamente el bien común, sino un espacio en disputa que cristaliza la hegemonía del poder dominante, es decir, esta colonizado igualmente por el subsistema económico (y podríamos agregar racial, étnico, de género, entre otros). En este contexto, restar capacidades autonómicas a la sociedad civil, monopolizando en el Estado lo público, implica limitar las herramientas para disputar el consenso y el sentido común. Gran parte de las luchas sociales establecieron como espacios de acción la creación de universidades de trabajadores, cooperativas, de mutuales y de diversas organizaciones del tercer sector (público no estatal), como mecanismo de incidencia y disputa del orden dominante. De este modo, como señala Silvio Rodríguez, “el problema no es darle una hacha al dolor y hacer leña con todo y la palma”.

Ahora, también es necesario quitarse las anteojeras de ingenuidad respecto a lo público no estatal en torno a dos elementos:

1-Bajo qué criterios es posible definir que una universidad que no es del Estado sea verdaderamente pública. Ciertamente temas como la inexistencia de lucro, su contribución a la generación de conocimiento, libertad de catedra y pluralismo son esenciales. Pero el tema no se agota únicamente en cuatro enunciados y debiese ser parte del conjunto de la sociedad y los actores involucrados delimitar el concepto.

2-Gran parte del rechazo a lo público no estatal se debe a que las asimetrías de poder al interior de la sociedad genera que ciertos grupos políticos, sociales y  culturales posean mayores posibilidades para construir proyectos educativos. En estricto rigor, planteles asociados a grupos económicos definidos poseen mayores capacidades para crear universidades que otro tipo de organizaciones. Esto generaría una desigualdad de origen en el acceso al financiamiento de proyectos educativos, y por lo tanto, garantizaría que ciertos grupos se vieran sobre representados en lo público.

Sin embargo creemos que la solución a esta asimetría no pasa por el monopolio de lo estatal. Lo ideal en una sociedad democrática que supera la racionalidad de la “libre competencia” y del Estado homogenizador y civilizatorio, es la distribución del poder entre los distintos grupos políticos, religiosos, étnicos y clases. Todos los actores de la sociedad tienen derecho a constituir proyectos y verse representados en lo público influyendo desde sus convicciones en el debate y la formación profesional. Por lo tanto el desafío es bajo qué criterios de justicia distributiva se podrían asignar recursos para generar equidad.

También sobre el tema del financiamiento, gran parte de los movimientos populares transformadores establecieron organizaciones bajo el principio de autogestión, dado el riesgo de cooptación del poder del Estado. En este plano, es importante atender que el financiamiento no se transforme en un mecanismo de control restringiendo la autonomía de los planteles universitarios.

No hay que perderse en el debate, aun cuando en las universidades estatales debe regularse temas como el corporativismo académico, las actividades económico comerciales que generan algunos (lucro encubierto) así como ampliar los mecanismos de participación; estas universidades deben ser financiadas totalmente en su oferta, entregando los recursos necesarios para investigación, docencia y extensión. Sin embargo, es necesario no olvidar, mejorar, fomentar y democratizar el espacio público no estatal, donde existirían Universidades que serían capaces genuinamente de proveer bienes públicos.