Columna publicada en el Diario Estrategia el 22 de octubre de 2014 en http://www.estrategia.cl/detalle_columnista.php?cod=9748
El
financiamiento de la política en nuestro país y particularmente el de las
campañas políticas, ha logrado reposicionarse repentinamente en la agenda
pública a partir de un escándalo de proporciones. Es así como nos hemos
enterado de supuestas irregularidades
del Grupo Penta, conglomerado que habría infringido el Código Tributario
entregando donaciones irregulares a candidatos pertenecientes principalmente a
la UDI.
La
situación descrita, nos ha retrotraído a las reformas llevadas a cabo el año
2003, donde a partir de una crisis institucional de gran magnitud, se avanzó quizás más que nunca antes en
nuestra historia democrática no solo en reformas políticas, sino también en
importantes iniciativas de modernización del Estado. Es así como los escándalos
conocidos como caso coimas, MOP-Gate y Corfo-Inverlink, abrieron “una ventana
de oportunidad” en la agenda pública, permitiendo un dialogo fructífero entre
Gobierno y oposición. De esta manera, además de acordar las perfectibles y
cuestionadas reglas del juego del financiamiento a la política que actualmente
nos rigen, esta instancia dio pie para dar un nuevo paso hacia la construcción
de un Estado moderno, diseñando un sistema de selección de los altos directivos
públicos basada en criterios de idoneidad y mérito de los postulantes.
Hay
quienes hoy en nuestra clase política, se muestran reticentes ante la
posibilidad de generar acuerdos transversales que permitan no solo dar
respuestas a las demandas ciudadanas por mayor transparencia de la política,
sino también, avanzar en los desafíos pendientes en materia de modernización del
aparato público, intentando que de una vez por todas, el Estado deje de ser el
botín del sector político de turno. Cuestiones relacionadas con el
fortalecimiento institucional del sistema de la Alta Dirección Pública y la
extensión de la concursabilidad de los cargos del Estado, el desarrollo de un
sistema de evaluación de políticas públicas independiente, efectivo y
verificable, entre otras materias, debiesen creemos estar en la órbita de un
acuerdo de modernización del Estado 2.0.
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