Columna publicada en el diario Estrategia el 15/03/2012
Hace pocos días, se promulgo una serie de modificaciones a la ley de Innovación y Desarrollo (I+D). En lo medular, los cambios se sitúan en generar incentivos para la inversión privada en I+ D a través de rebajas tributarias, sin ser obligatoria la asociación con un Centro de Investigación o Universidad.
Esta reforma se fundan en la necesidad de aumentar la inversión en I+D, que en nuestro país corresponde al 0,4% del PIB. De este escuálido gasto, el sector privado financiaría solo alrededor de 44%. El incrementar el gasto en I+D seria trascendental para el desarrollo económico, dado su impacto en la productividad, permitiendo crear mas valor, utilizando menos recursos.
Pese a todo, hay un ámbito de la innovación que ha sido poco discutido y menos desarrollado en Chile, el de la “innovación publica”. En países desarrollados, en especial Europa, este tema se viene abordando hace ya un tiempo. “The European Competitiveness Report 2004”, describe como la actuación innovadora del sector público puede aportar a la productividad de una nación. En primer termino, se resalta el aporte directo del sector público como proveedor y comprador de bienes y servicios, así como empleador de recursos humanos y de capital. Así mismo, se identifican actividades que influyen indirectamente en la productividad, dada la interacción de la administración publica con el sector privado. Esto ultimo se refiere al rol regulador del Estado, a su función recaudadora y la tarea de gestión del gasto público.
De esta manera, el Estado chileno no solo tendría desafíos en cuanto a impulsar políticas publicas que promuevan la innovación en las empresas y la academia, sino sobre generar practicas innovadores al interior de sus organizaciones, diseñando e implementar procesos que permitan una mayor eficiencia en el uso de los recursos, así como mejores grado de satisfacción de sus ciudadanos. Los países que han seguido este camino, han puesto a la innovación como foco de la modernización del estado, detectando modelos que permitan desarrollar una cultura publica para la innovación.
Esta reforma se fundan en la necesidad de aumentar la inversión en I+D, que en nuestro país corresponde al 0,4% del PIB. De este escuálido gasto, el sector privado financiaría solo alrededor de 44%. El incrementar el gasto en I+D seria trascendental para el desarrollo económico, dado su impacto en la productividad, permitiendo crear mas valor, utilizando menos recursos.
Pese a todo, hay un ámbito de la innovación que ha sido poco discutido y menos desarrollado en Chile, el de la “innovación publica”. En países desarrollados, en especial Europa, este tema se viene abordando hace ya un tiempo. “The European Competitiveness Report 2004”, describe como la actuación innovadora del sector público puede aportar a la productividad de una nación. En primer termino, se resalta el aporte directo del sector público como proveedor y comprador de bienes y servicios, así como empleador de recursos humanos y de capital. Así mismo, se identifican actividades que influyen indirectamente en la productividad, dada la interacción de la administración publica con el sector privado. Esto ultimo se refiere al rol regulador del Estado, a su función recaudadora y la tarea de gestión del gasto público.
De esta manera, el Estado chileno no solo tendría desafíos en cuanto a impulsar políticas publicas que promuevan la innovación en las empresas y la academia, sino sobre generar practicas innovadores al interior de sus organizaciones, diseñando e implementar procesos que permitan una mayor eficiencia en el uso de los recursos, así como mejores grado de satisfacción de sus ciudadanos. Los países que han seguido este camino, han puesto a la innovación como foco de la modernización del estado, detectando modelos que permitan desarrollar una cultura publica para la innovación.
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