El desafío de la Supervisión Integrada en el sistema Financiero

Publicada en la version impresa del Diario Estrategia

Dentro de las iniciativas sobre la Reforma al Mercado de Capitales Bicentenario (MKB), el Ministerio de Hacienda ha comisionado a un grupo de expertos, el estudio y generación de propuestas para mejorar la supervisón y regulación del mercado financiero chileno, particularmente su institucionalidad.

En reiteradas ocasiones se nos ha señalado que uno de las fortalezas de nuestro sistema financiero, son sus instituciones reguladoras, las cuales tendrían un gran prestigio internacional forjado en base a su profesionalismo y rigurosidad, agencias que basan sus decisiones (o al menos lo habían hecho hasta ahora) en principios técnicos por sobre interesares particulares. En ese sentido, cuales serian las razones que motivan la revisión del sistema de supervisión financiera chileno?

La primera razón es quizás la más evidente. Los supervisores financieros en Chile, no cuentan con la autonomía que requieren, existiendo espacios hoy para presiones del gobierno de turno, así como conflictos de interés. Es cierto que son pocas las situaciones-al menos conocidas- que nos hagan pensar que este riesgo se habría materializado, sin embargo aquello se explicaria mas bien por las condiciones éticas de sus funcionarios y de quienes han dirigido estas instituciones, que por normas que desincentiven malas practicas.

Así mismo, nuestra “arquitectura” regulatoria ya no seria lo suficientemente sólida para enfrentar el dinamismo y complejidad que caracteriza a un sistema financiero moderno. Es así como el sistema funcional o tipo “silo” de supervisión, no seria consistente con un mercado financiero con límites más difusos entre los actores participantes, existiendo actividades, riesgos y productos que se superponen al interior de grupos o conglomerados financieros.

Es de esperar entonces que la mencionada Comisión entregue recomendaciones que respondan a estas debilidades, proveyendo al sistema de supervisión financiero de mayor independencia, así como de una institucionalidad de coordinación formal, que permita transitar a una real supervisión integrada o consolidada.

Uso de la bicicleta, incentivos y valores para un sistema de transporte sustentable.

Articulo Publicado en Asuntos Publicos http://www.asuntospublicos.ced.cl/

Como es sabido, en los países del norte de Europa, particularmente en Dinamarca y muy especialmente Holanda, se utiliza en forma intensiva la bicicleta, concentrando este medio de transporte alrededor del 28% de los viajes en las ciudades de los Países Bajos y un 18% en territorio Danés. Para un inmigrante del tercer mundo que recala en el pequeño y densamente poblado suelo Holandés, una de las cosas que más impacta es esta sana, pero a veces exigente forma de transportarse.

Luego de algunos meses, cuando se alcanza la capacidad aeróbica necesaria para cubrir varios kilómetros diarios – que en mi caso son alrededor de 8 - se logra disfrutar y valorar este habito tan característico del pueblo de los Tulipanes, sin anhelar ya la tan inconciente, además de insostenible costumbre chilena de trasladarse hasta el negocio de la esquina en auto. Es ahí cuando se logra a mi juicio, lo que Kim define como la “adaptación cross- cultural” , refiriéndose al proceso de transformación que los seres humanos experimentamos al enfrentarnos a un medio ambiente nuevo y poco familiar.

Reconociendo que pudieran existir elementos específicos de la historia, cultura y topografía Holandesa que ayuden a explicar el uso de la bicicleta, las políticas publicas y en particular políticas de transporte, uso de suelo, políticas de desarrollo urbano, políticas de vivienda, de impuestos, así como concernientes al estacionamiento vehicular son condiciones necesarias para incentivar su uso en la población.

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Mal Holandés y riesgo de mercado

Columna publicada en el Diario Estrategia http://www.estrategia.cl/detalle_columnista.php?cod=4416

Como hemos conocido estos días, el llamado “mal Holandés” es un fenómeno que tiene su origen en la hipótesis referida a que un alto incremento en las exportaciones de un sector, puede afectar a la economía en general, debido al deterioro en los términos de intercambio por un crecimiento volátil no anticipado.

La literatura especializada señala tratamientos para combatirlo, algunos con más consenso que otros. Por una parte, hay evidencia en relación a que una política fiscal contracíclica atenúa los efectos del boom de un comodity. Por otro lado, la esterilización de los ingresos percibidos por efecto de un alto precio del cobre en nuestro caso, es también una recomendación ampliamente consensuada. Lo anterior se implementa a través de fondos soberanos, de pensiones y estabilización, lo que permite la entrada es estos excedentes de manera más suave y permanente en la economía, además de ser mecanismos que logran que futuras generaciones sean también beneficiadas por estas bonanzas. Así mismo, la política monetaria y su decisión en cuanto a un pertinente “anclaje”, es especialmente importante. Sin embargo, intervenciones directas en el mercado cambiario por parte de Bancos Centrales, así como políticas públicas “industriales” o sectoriales, son instrumentos sobre los cuales existen opiniones divergentes.

Coincidiendo que las decisiones en términos de política fiscal, monetaria, así como los esfuerzos en diversificar nuestra canasta exportadora son fundamentales, los sectores y en particular las empresas que se ven afectados por este fenómeno, pueden y deben tomar medidas individualmente. Las buenas prácticas de Gestión de Riesgos de Mercado, entregan claras recomendaciones para afrontar la exposición a movimientos de tipo de cambio. En este sentido, el análisis de variables macroeconómicas, así como la simulación de escenarios incluyendo tendencias, test de stress, análisis de brechas, etc., debiesen llevar a que las empresas expuestas a este tipo de riesgos, implementen las estrategias financieras y operacionales disponibles que mitiguen sus efectos.

Inequidad y delincuencia.

Columna escrita para el Centro Democracia y Comunidad http://www.cdc.cl/columna/inequidad-y-delincuencia

Mucho se ha dicho sobre la terrible tragedia de la cárcel de San Miguel. Sin duda ha quedado en evidencia entre otras cosas, las condiciones infrahumanas en las que viven miles de chilenos privados de libertad, una tasa de crecimiento de la población recluida insostenible en el tiempo, la escasa dotación de gendarmería, además de la insuficiente infraestructura carcelaria, que aunque aumento considerablemente durante los gobiernos de la Concertación, de mantenerse las actuales tasas de crecimiento de la población carcelaria, será imposible que cuente con estándares adecuados (habría aumentado 68% en la década 1990-2000) .

Para explicar esta esta realidad que advertimos a partir de la muerte de los 81 internos, hay quienes sostienen que se habría errado en el enfoque sobre el “combate” a la delincuencia, habiéndose instalado el consenso de “la mano dura” como única respuesta a este fenómeno por parte de la clase política, no existiendo medidas complementarias, así como la falta de iniciativas robustas que se hicieran cargo de las causas del delito.

La idea sobre que la pobreza y la inequidad incrementaría la actividad criminal, es una hipótesis largamente desarrollada tanto por economistas como sociólogos. Este planteamiento se sostiene básicamente bajo tres teorías; la teoría económica del crimen de Becker, la teoría de desorganización social de Shaw y McKay y la teoría de las estructuras sociales de Merton.

Bajo la teoría economicista del crimen, los individuos deciden sobre la asignación de su tiempo en el mercado laboral (trabajo honesto) o en actividades criminales, comparando el “retorno esperado” de cada una de estas actividades, tomando en cuenta además, la probabilidad de ser castigado y la severidad de dicho castigo. En este modelo, la desigualdad llevaría al crimen al exponer a individuos de bajo ingreso con individuos de altos ingresos, que además cuentan con bienes de gran valor. Siguiendo estos planteamientos, se justifican entonces las políticas públicas orientadas a incrementar la actividad policial y el aumento de penas como variables que impactan en la disminución del crimen, aumentándose de esta forma el “costo” de delinquir.

La teoría sobre la desorganización social por otra parte, considera los factores que disminuyen la efectividad de los controles sociales informales. Es así como los autores que siguen este enfoque, identifican la pobreza, la heterogeneidad étnica y la movilidad residencial, como los tres factores que debilitan las redes sociales y socavan la habilidad, además de la voluntad de las comunidades para ejercer dicho control social a sus miembros.

Para la teoría de las estructuras sociales de Merton, los individuos que se sitúan en la parte baja de las estructuras sociales, se ven frustrados por el sentimiento de fracaso en cuanto a lograr los atributos materiales del éxito. Es entonces como los “fracasados” de la sociedad, son recluidos y marginados, cometiendo crímenes en respuesta a su frustración. Esta alineación contra y fuera de la de la sociedad, se explicaría por ingresos inequitativos, además de segregación de clase y racial.

Estados Unidos sufrió durante el periodo de mediados de los 70’ hasta mediados de los 1990’, un crecimiento exorbitante en su población penal. En 1997 había más de 445 adultos en presión por cada 100,000 residentes. El enfoque que había influenciado mayormente a Norte America –y que de alguna forma lo sigue haciendo- es el “economicista”, es decir, el aumento de dotación policial, aumento de penas, construcción de penales, sin un real equilibrio con otro tipo de respuestas. El riesgo por ejemplo de ir a prisión en ese país por parte de un joven de raza negra, es mucho mayor que la de un blanco americano, teniendo los afroamericanos cerca de 7 u 8 más probabilidades de ir a la cárcel.

Habiendo nuestro país seguido también el modelo “economicista” como receta exclusiva para combatir el crimen, no existiendo decididas y pertinentes políticas publicas que se hagan cargo del origen multicausal y social del fenómeno de la delincuencia, existiendo también una desigualdad y segregación evidente en chile, me pregunto; Cual será la probabilidad que un joven entre 20 y 25 anos, proveniente de una población marginal de Santiago, con educación básica incompleta, tez y cabello moreno vaya a la cárcel, versus un joven Universitario del barrio alto, tez blanca y pelo castaño? No tengo los datos, pero me tinca que el joven de la cota mil le sacaría bastante ventaja.

Regulación financiera y mala memoria.

Publicado en el Diario Estrategia. http://www.estrategia.cl/detalle_columnista.php?cod=4257


En ocasiones el paso del tiempo, nos hace pensar que medidas que diseñamos para prevenir escenarios adversos, quizás ya no tengan sentido.

La polémica sobre las “circulares” de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) ha puesto en el tepate -una vez más -el desempeño de la industria financiera y el rol que le cabe al Estado en su regulación. De esta forma, creo necesario recordar el contexto en el cual surgen las actuales “normas prudenciales” del sistema financiero chileno, así como la racionalidad que las sustenta.

Si perjuicio que la crisis financiera de principios de los 80 en nuestro país puede ser explicada tanto por factores domésticos como externos, la mayoría de los economistas coinciden en la importancia que tuvo el proceso de liberalización financiera impulsada por el Gobierno de la época, combinado con una escasez en reformas regulatorias. Como consecuencia de esta crisis que costo alrededor de US$ 30.000 millones al país y que llevo al Banco Central a intervenir trece Bancos y seis financieras, se inicia un proceso de fortalecimiento regulatorio. Medidas como el requerimiento de capital basado en riesgos, liquidez, reglas para incentivar la diversificación de portafolios, restricciones para prestar a determinados sujetos relacionados, así como procedimientos de monitoreo y entrega de información al publico, son herramientas diseñadas a partir de este colapso financiero, las cuales contribuyen a prevenir futuras crisis.

Aprovechando la coyuntura, hay quienes promueven hoy una mayor flexibilidad regulatoria, así como disminuir la supuesta “discrecionalidad” de la SBIF. La solidez del nuestro sistema financiero esta basado precisamente en una estricta normativa prudencial, así como en la capacidad y autoridad del Supervisor. Sin duda existen desafíos en esta industria, particularmente la corrección de ciertas imperfecciones de este mercado que favorecerían una mayor competencia. Menciono el caso del sistema de deuda como un ejemplo de asimetría de información, que de abordarse, podría profundizar la bancarizacion en nuestro país.

Crisis en el Estado de Bienestar Europeo?

Columna escrita para el Centro Democracia y Comunidad en http://www.cdc.cl/columna/%C2%BFcrisis-en-el-estado-de-bienestar-europeo

A los distintos anuncios sobre reducción del gasto en programas de protección social en Europa, se ha sumado en estos días el del Gobierno Ingles. Es así como el primer Ministro David Cameron ha insistido en la necesidad de avanzar hacia una reforma en los programas de desempleo. Lo anterior se justificaría en función del déficit fiscal que sostenidamente estaría presentando el presupuesto fiscal de ese país. Según cifras de la Oficina de Estadísticas Nacionales de Inglaterra (Office for National Statistics), el presupuesto publico británico presenta un déficit de £13.2 billones a Septiembre de este ano. Por otra parte, la deuda publica neta habría sido de £842.9 billones (equivalentes a 57.2% del PIB).

Aunque con un déficit fiscal menor de (3.9% del PIB), Holanda había iniciado también un proceso de reducción de gasto publico este ano. Siendo la quinta economía de Europa, este país se ha fijado el disminuir el déficit a un 3% en el 2013. Aquel objetivo se llevaría a cabo a través de la reducción de subsidios por hijos, aumento en la contribución individual que hacen los usuarios del sistema de salud, reducción del presupuesto en defensa, contracción en el gasto de cooperación internacional, así como la rebaja de fondos destinados a programas de integración de inmigrantes en los Países Bajos.

En mi opinión, uno de los logros y legados más importantes del siglo XX, fue la construcción del Estado de Bienestar en los países industrializados. Este proceso promovido y explicado por una serie de eventos y fenómenos (guerras mundiales, depresiones, contribuciones de grandes intelectuales y científicos sociales) así como por elecciones y consensos éticos y morales de ciertos sectores políticos, ha permitido reducir la exposición social a muchos riesgos e incertidumbres que enfrentaban los ciudadanos del viejo continente. El costo de enfermarse, la vejez, el desempleo y fundamentalmente la pobreza son cuestiones donde el Estado de Bienestar ha puesto su foco con resultados positivos indiscutibles. La evidencia empírica muestra que es en las sociedades donde este sistema impera donde se encuentran los mayores grados de equidad (medido por el coeficiente de Gini), así como mejores índices de felicidad (en un estudio reciente, Dinamarca y otros cinco países del Norte de Europa aparecen entre los países mas felices del mundo).

Sin perjuicio de lo anterior, es ineludible observar los costos e impactos asociados a su funcionamiento, algunos sin embargo más evidentes y comprobables que otros. El efecto mas claro tiene que ver con el costo financiero que permite proveer estos servicios públicos, el que debe ser financiado de alguna forma. En este sentido, los recursos provienen del aumento de impuestos y en menor medida por deuda, la que tendría características estructurales en Europa y que seria difícil de conservar en el largo plazo. Por otra parte, hay quienes sostienen- fundamentalmente sus detractores- que el Estado de Bienestar estaría impactando también en la perdida de eficiencia de las economías industrializadas. Lo último no es solo controversial, considerando que existen diversas variables que explicarían aquel fenómeno, sino que es de difícil medición, lo que ayuda al desarrollo de tesis relacionadas con los incentivos perversos de este sistema en la generación de empleo.

Los ofensores del Estado de bienestar explican hoy las medidas de recorte fiscal de los Estados Europeos como prueba de la crisis terminal de este modelo de sociedad, anunciando su inminente desaparición. Mas allá de las motivaciones de sectores ultra liberales que han aprovechado esta ultima crisis financiera para embestir nuevamente a las políticas publicas redistributivas, lo cierto es que estos cambios son más bien ajustes necesarios para su sostenibilidad, que grandes transformaciones al rol del Estado en Europa.

Estas medidas que han sido promovidas por el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) y la OECD, identifican una serie de áreas de reformas que permitirían la reducción del costo del Estado de Bienestar como objetivo necesario para su proyección. No tiene como objeto dejar de financiar la educación en todos los niveles por parte del Estado, ni detener la provisión de pensiones globales para la mayoría de la población, así como el apoyo de ciertas categorías de individuos que sufren “desventajas” y compensaciones para los desempleados. Estas transformaciones al diseño de políticas no apuntan entonces a la destrucción del Estado de Bienestar Europeo- lo que tendría no solo efectos sociales y políticos importantes sino que también económicos en toda Europa- se concentran en su fortalecimiento como garante de estándares y certidumbres sociales. Su implementación, según recomendación de los organismos internacionales, seria en forma gradual, promoviendo una mayor responsabilidad y compromiso ciudadano, utilizando incentivos que contribuyan a la eficiencia de los programas sociales, incrementando de esta forma el bienestar colectivo de los ciudadanos de Europa.

Este pragmatismo -que había comenzado ya con gobiernos de centro izquierda en Europa - devela una voluntad por buscar las mejores soluciones racionales y técnicas disponibles que permitan el fortalecimiento del Estado de Bienestar y su proyección, más que la defensa ideológica de las mismas respuestas. En mi opinión, la posibilidad de realizar acotadas y necesarias reformas, incorporando en algunos casos formulas de política “orientadas al mercado”, no debiesen ser catalogadas de “herejes”, así como no pueden ser interpretadas como indicadores de su debilitamiento. Tiene que ver a mi juicio con considerar las alternativas mas adecuadas para mantener un estándar de calidad de vida irrenunciable para la población Europea y que resulta envidiable para un observador del tercer mundo.

Clasificadoras de Riesgo bajo fuego.

Publicado en el Diario Estrategia. http://www.estrategia.cl/detalle_columnista.php?cod=4151

Las agencias clasificadoras de riesgos cumplen un rol fundamental en el funcionamiento del sistema financiero y de capitales. Su función principal es la de calificar la solvencia de las entidades financieras. Como proveedores privados de información facilitan el levantamiento de inversiones en el mercado financiero, contribuyendo a disminuir “asimetrías de información”.

Luego de un largo periodo después de la crisis financiera global, donde la comunidad internacional se concentro en extender “redes de contención” al sistema financiero, el foco se ha vuelto a poner en estas agencias. Lo anterior se funda en el convencimiento que uno de los factores que explicarían la crisis subprime, se refiere a la externalizacion de funciones criticas de parte de los supervisores a estas agencias privadas, quienes ya no solo entregaban información valiosa al mercado, sino que habrían “generado valor” en las compañías artificialmente.

Reguladores globales como el Directorio de Estabilidad Financiera (FSB) del G20 cuestionan hoy su rol. El llamado fundamental de estos organismos es a romper la dependencia con estas agencias, debiendo los Bancos e Instituciones Financieras tomar mayor responsabilidad en la medición del riesgo y análisis de la calidad de sus activos internamente.

Coincidiendo con la obligación de sacar lecciones de esta ultima crisis que eviten futuras sub-evaluaciones de riesgo, me parece que las iniciativas que hoy se plantean requieren algún grado mayor de maduración. Tomando en cuenta que los principales cuestionamientos acerca de las agencias clasificadoras dicen relación con potenciales conflictos de interés con sus clientes, creo razonable evaluar medidas alternativas que vayan por el lado de códigos de conducta adecuados, transparencia metodológica, así como endurecimiento sancionatorio que desincentiven malas prácticas. Las clasificadoras y agencias de riesgos no pueden ni deben reemplazar la actividad regulatoria, sin embrago partiendo del supuesto que el mercado financiero no es perfecto, la provisión de mayor información es deseable para su adecuado funcionamiento.