Columna escrita con Francesco Penaglia y publicada en el diario El Mostrador el 01/04/2004 en http://www.elmostrador.cl/opinion/2014/04/01/lo-estatal-y-el-espacio-publico-debate-pena-v-s-mayol-mayol-v-s-couso-y-joignant/
En los últimos días se ha formado un
interesante debate en torno a lo público no estatal motivado por las eminentes reformas
al sistema educacional. Sin embargo a nuestro juicio, algunas de las
intervenciones han tenido más aroma a defensa corporativa, que ha reflexiones
amplias sobre la educación pública. Y cómo no hacerlo, cuando existe una corta
distancia entre el actor opinante y el tema en cuestión, siendo sinceros,
utilizando un lenguaje contingente, a todos nos correspondería declarar
conflicto de interés.
Pese a lo anterior, es nuestra motivación aportar
algunas ideas a este interesante debate, con una mínima cuota de honestidad,
asumiendo nuestras limitaciones al observar la realidad social, así como con la
innegable tentación de fundamentar y presentar racionalmente nuestras propias preferencias
valóricas y expectativas de sociedad. Esto lo hacemos por cierto sin arrogarnos
algún tipo de representación institucional.
Uno de los ámbitos de discusión, se refiere a
que existiría un espacio público no estatal capaz de proveer bienes públicos,
lo que justificaría la existencia de establecimientos de educación privada como
sujetos de políticas públicas. Lo anterior se ha argumentado por ciertos
columnistas, utilizando distinciones de la teoría económica neoclásica, así
como algunos conceptos de la filosofía política.
A nuestro juicio, el concepto de “lo público” tiene raíces
históricas e ideológicas definidas. Desde una perspectiva histórica y siguiendo
al profesor Omar Guerrero por una parte, podríamos señalar que el vocablo
público es una categoría universal que incumbe a la totalidad de un pueblo
políticamente organizado. Tanto para los griegos como para los romanos
entonces, lo público se entendería sólo desde el Estado. Es así como bajo este
enfoque lo público no sería una sola reunión de hombres organizados de
cualquier manera, sino la sociedad formada con garante de las leyes y con el
objeto de la utilidad común. Esta mirada a si mismo, desecharía la posibilidad
de una concepción de espacio público más amplio, una suerte de pluralidad de la
esfera pública, donde los intereses del pueblo pudieran ser materializados por
actores que se sitúen entre el Estado y la sociedad.
Para Habermas y la propia Arendt sin embargo,
lo público no sería exclusivamente lo común o lo Estatal, sino que estaría
definido por la interacción discursiva en torno a intereses generalizables. En
ese sentido, el concepto de espacio público reconoce que lo público en el
Estado es un proceso en construcción a cargo de la sociedad, existiendo
entonces un área permanente de tensión entre el Estado y la sociedad. Las organizaciones y asociaciones que
intentan la recomposición de lo público como ideal normativo, actuarían como
caja de resonancia de los problemas que afectan al conjunto de la sociedad, a
través de la crítica, el debate y la persuasión. Por otra parte lo público no
estatal y sus organizaciones, ejercerían un rol de control social sobre el
Estado respecto a sus decisiones, medios e intereses, así como en la provisión
de derechos básicos no entregados por lo público estatal.
El paradigma económico neoclásico de
Samuelson, utilizado también por uno de los incumbentes en este debate, establece
dos condiciones en la definición de bienes públicos; bienes que no son rivales
(consumidos sin afectar el consumo de ese mismo bien a otros individuos) y
bienes que son no son exclusivos (el beneficio no puede ser atribuido a un
comprador individual). Según este argumento, todas las Universidades
independientemente de si son estatales o privadas, producirían bienes públicos.
Bajo esta mirada, ya sea a través de la interacción del mercado o la
distribución libre, la educación sería siempre un bien público capaz de crear
externalidades, donde la formación superior de una persona impactaría directamente
en la productividad de los otros miembros de la sociedad.
Lo anterior no da cuenta sin embargo de lo
que observamos en la realidad, en cuanto a que algunas Universidades tanto donde
el Estado es el dueño, como Universidades particulares, producen también bienes
privados, persiguiendo la rentabilidad como objetivo primordial en su diseño,
funcionamiento y oferta académica. De esta
forma, dichas Universidades que podríamos categorizar como de élite, ofrecerían
como modelo educativo sólo la oportunidad de mejorar los ingresos futuros de
sus estudiantes, así como entregar un estatus y prestigio social a sus
egresados. A esto habría que agregar que muchos de los planteles tanto
estatales como públicos no estatales desarrollan programas en base a principios
económicos debido a la obligatoriedad del autofinanciamiento.
Compartimos si, la noción de que lo público
se encuentra colonizado por el subsistema económico. Pero no nos engañemos, el
Estado no es una entidad neutra que promueve necesariamente el bien común, sino
un espacio en disputa que cristaliza la hegemonía del poder dominante, es
decir, esta colonizado igualmente por el subsistema económico (y podríamos
agregar racial, étnico, de género, entre otros). En este contexto, restar
capacidades autonómicas a la sociedad civil, monopolizando en el Estado lo
público, implica limitar las herramientas para disputar el consenso y el sentido
común. Gran parte de las luchas sociales establecieron como espacios de acción
la creación de universidades de trabajadores, cooperativas, de mutuales y de
diversas organizaciones del tercer sector (público no estatal), como mecanismo
de incidencia y disputa del orden dominante. De este modo, como señala Silvio
Rodríguez, “el problema no es darle una hacha al dolor y hacer leña con todo y
la palma”.
Ahora, también es necesario quitarse las
anteojeras de ingenuidad respecto a lo público no estatal en torno a dos elementos:
1-Bajo qué criterios es posible definir que
una universidad que no es del Estado sea verdaderamente pública. Ciertamente temas
como la inexistencia de lucro, su contribución a la generación de conocimiento,
libertad de catedra y pluralismo son esenciales. Pero el tema no se agota
únicamente en cuatro enunciados y debiese ser parte del conjunto de la sociedad
y los actores involucrados delimitar el concepto.
2-Gran parte del rechazo a lo público no
estatal se debe a que las asimetrías de poder al interior de la sociedad genera
que ciertos grupos políticos, sociales y
culturales posean mayores posibilidades para construir proyectos
educativos. En estricto rigor, planteles asociados a grupos económicos definidos
poseen mayores capacidades para crear universidades que otro tipo de
organizaciones. Esto generaría una desigualdad de origen en el acceso al
financiamiento de proyectos educativos, y por lo tanto, garantizaría que
ciertos grupos se vieran sobre representados en lo público.
Sin embargo creemos que la solución a esta asimetría
no pasa por el monopolio de lo estatal. Lo ideal en una sociedad democrática
que supera la racionalidad de la “libre competencia” y del Estado homogenizador
y civilizatorio, es la distribución del poder entre los distintos grupos
políticos, religiosos, étnicos y clases. Todos los actores de la sociedad
tienen derecho a constituir proyectos y verse representados en lo público influyendo
desde sus convicciones en el debate y la formación profesional. Por lo tanto el
desafío es bajo qué criterios de justicia distributiva se podrían asignar
recursos para generar equidad.
También sobre el tema del financiamiento,
gran parte de los movimientos populares transformadores establecieron
organizaciones bajo el principio de autogestión, dado el riesgo de cooptación
del poder del Estado. En este plano, es importante atender que el
financiamiento no se transforme en un mecanismo de control restringiendo la
autonomía de los planteles universitarios.
No hay que perderse en el debate, aun cuando
en las universidades estatales debe regularse temas como el corporativismo
académico, las actividades económico comerciales que generan algunos (lucro
encubierto) así como ampliar los mecanismos de participación; estas
universidades deben ser financiadas totalmente en su oferta, entregando los recursos
necesarios para investigación, docencia y extensión. Sin embargo, es necesario
no olvidar, mejorar, fomentar y democratizar el espacio público no estatal,
donde existirían Universidades que serían capaces genuinamente de proveer
bienes públicos.
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