Publicada el 11 de diciembre de 2009 en la edición impresa del diario Estrategia.
Existen dos categorías de riesgo público; riesgo social y riesgo organizacional. Los riesgos sociales son los riesgos que afectan a parte o toda la sociedad. Los riesgos organizacionales, son riesgos que afectan a la propia organización pública (demandas, siniestros, riesgo financiero, hechos de corrupción, etc.). La teoría económica nos ayuda a demostrar que el riesgo se mueve hacia lo público, cuando el mercado es incapaz de absorber o distribuir eficientemente el riesgo, generándose una “falla de mercado” que justifica la intervención Estatal.
Desde un punto de vista normativo, existe riesgo social cuando los individuos o empresas imponen riesgos a los demás, el papel del Estado entonces, es el de regulador, estableciendo reglas para el funcionamiento de determinadas actividades o sectores, ejemplo de ello son las normas ambientales, de seguridad y financieras. Por otra parte y cuando los riesgos no pueden atribuirse a ninguna persona u organismo, el Estado asume un papel protector, mitigando sus consecuencias. El rol del Estado en relación a una catástrofe natural es un ejemplo de aquello.
En Chile, organismos como Superintendencias, encargadas de cumplir un rol regulador, así como la ONEMI en el caso de catástrofes, han incorporado metodologías de Gestión de Riesgos con mucho éxito, pudiendo ser catalogadas como instituciones de categoría mundial. Sin embargo y en cuanto a los llamados Riesgos Organizacionales, las instituciones públicas en nuestro país tienen todavía mucho camino que recorrer. La Gestión de Riesgo en una mirada amplia, puede detectar y mitigar no solo efectos de posibles pérdidas financieras y reputacionales, sino también identificar oportunidades, favoreciendo la transparencia y entrega de servicios públicos de calidad. La incorporación de esta disciplina en países desarrollados puede servirnos de ejemplo a la hora de buscar buenas prácticas, existiendo Asociaciones especializadas de Gestión de Riesgos Públicos en Europa y Estados Unidos (PRIMO http://www.primoeurope.org/oak.jsp?id=1342, ALARM http://www.alarm-uk.org/ entre otras), así como estándares específicos para el sector público (UK Standard ALARM).
Existen dos categorías de riesgo público; riesgo social y riesgo organizacional. Los riesgos sociales son los riesgos que afectan a parte o toda la sociedad. Los riesgos organizacionales, son riesgos que afectan a la propia organización pública (demandas, siniestros, riesgo financiero, hechos de corrupción, etc.). La teoría económica nos ayuda a demostrar que el riesgo se mueve hacia lo público, cuando el mercado es incapaz de absorber o distribuir eficientemente el riesgo, generándose una “falla de mercado” que justifica la intervención Estatal.
Desde un punto de vista normativo, existe riesgo social cuando los individuos o empresas imponen riesgos a los demás, el papel del Estado entonces, es el de regulador, estableciendo reglas para el funcionamiento de determinadas actividades o sectores, ejemplo de ello son las normas ambientales, de seguridad y financieras. Por otra parte y cuando los riesgos no pueden atribuirse a ninguna persona u organismo, el Estado asume un papel protector, mitigando sus consecuencias. El rol del Estado en relación a una catástrofe natural es un ejemplo de aquello.
En Chile, organismos como Superintendencias, encargadas de cumplir un rol regulador, así como la ONEMI en el caso de catástrofes, han incorporado metodologías de Gestión de Riesgos con mucho éxito, pudiendo ser catalogadas como instituciones de categoría mundial. Sin embargo y en cuanto a los llamados Riesgos Organizacionales, las instituciones públicas en nuestro país tienen todavía mucho camino que recorrer. La Gestión de Riesgo en una mirada amplia, puede detectar y mitigar no solo efectos de posibles pérdidas financieras y reputacionales, sino también identificar oportunidades, favoreciendo la transparencia y entrega de servicios públicos de calidad. La incorporación de esta disciplina en países desarrollados puede servirnos de ejemplo a la hora de buscar buenas prácticas, existiendo Asociaciones especializadas de Gestión de Riesgos Públicos en Europa y Estados Unidos (PRIMO http://www.primoeurope.org/oak.jsp?id=1342, ALARM http://www.alarm-uk.org/ entre otras), así como estándares específicos para el sector público (UK Standard ALARM).
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